La masacre de Juliaca aún no obtiene justicia. La fiscalía investiga por esta masacre a 19 agentes del Estado, entre policías y militares, al igual que la responsabilidad de Dina Boluarte y exmiembros del Ejecutivo como Alberto Otárola y ministros de Estado.
Todos los agentes del Estado investigados continúan laborando en sus cargos con normalidad e incluso han sido ascendidos o recibido bonos por parte del actual régimen. El coronel Víctor Pariona y el teniente Henry Guzmán, dos de los militares investigados, fueron felicitados por el Ejército en julio de 2024 por su “destacada labor desde el 6 de enero hasta el 4 de marzo, planeando, organizando y supervisando acciones en la región sureña para neutralizar los ataques de manifestantes”, operativo que resultó con la masacre de 18 personas desarmadas.
Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Mártires y Víctimas, advirtió de la intención de remover a los fiscales que investigan el caso, lo que significaría un peligro en el proceso de investigación para alcanzar justicia.
Tras dos años de la masacre, Samillán también relató la dura situación que viven varios heridos y familiares de las víctimas, pues se han visto obligados a vender bienes y propiedades para sobrevivir frente al abandono del Estado
