El Ministerio de Economía y Finanzas lanzó a inicios del 2025, su denominado «Shock Desregulatorio», para eliminar barreras burocráticas, y supuestamente impulsar la economía con la atracción de inversiones.

Sin embargo, las medidas proponen eliminar los derechos de las y los trabajadores. El paquete incluye más de  400 medidas, dentro de las cuáles incluye derogar decretos, como el que limita la tercerización laboral,  la norma que amplía los alcances del derecho de huelga y el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.

Según el entonces ministro de Economía, José Salardi, “nos hemos dedicado a sobrerregular y sobresancionar muchas actividades desde instituciones de fiscalización que no ayudan” y sostuvo que la totalidad del primer paquete, compuesto por 402 medidas, estarán aprobadas a finales de julio de 2025.

Tras la reciente renuncia del primer ministro Gustavo Adrianzén, Raúl Pérez-Reyes asumió la titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en reemplazo de José Salardi. Con ello, será el nuevo encargado de ejecutar el ‘Shock Desregulatorio’.

Regreso al uso desmedido de la tercerización

En el 2022, el Gobierno del entonces presidente Pedro Castillo, publicó un Decreto Supremo para precisar que la tercerización no se puede aplicar en las actividades que son parte del núcleo de negocio de las empresas, debido al abusivo uso que se estaba haciendo de la modalidad para evitar el pago de los derechos laborales que por ley corresponden.

Por ejemplo, con la norma, la contratación de un obrero para que trabaje directamente en la extracción de minerales debía hacerse de manera directa por la empresa minera, y no por un tercero. De esta manera, el obrero recibe sus utilidades y otros benficios laborales correspondientes a las ganancias de la compañía minera.

Para la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), La actual propuesta del Ministerio de Economía del régimen de Dina Boluarte, significa un retroceso frente a derechos ganados en los últimos años para los trabajadores.

«Esta normativa fue una conquista fundamental para frenar el uso abusivo de esta figura por parte de malos empresarios, quienes, al tercerizar indebidamente, exponen a sus trabajadores a la precariedad, la inestabilidad, y a graves riesgos para su salud y vida. Su derogación significaría un retroceso inaceptable y la profundización de la explotación», sostiene la CGTP en un comunicado de su página web.

Derecho a la protesta en riesgo

El segundo decreto que el Ministerio de Economía busca eliminar es el que amplía el derecho de huelga y modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, lo que evidentemente afectará la capacidad de los trabajadores para defender colectivamente sus derechos.

Según la CGTP, derogar esta norma sería equivalente a eliminar la garantía que tienen las y los trabajadores para organizarse y defenderse de los abusos de malos empleadores.

«Estos derechos fundamentales, que son pilares de la organización y defensa de la clase trabajadora, fueron conculcados y severamente recortados durante la dictadura fujimontesinista precisamente para favorecer a aquellos intereses empresariales que daban soporte político y económico a dicho régimen. Derogar esta norma implicaría un golpe directo a la capacidad de los trabajadores para organizarse y luchar por mejores condiciones, debilitando drásticamente el poder de negociación colectiva frente a la arbitrariedad patronal«, alerta la CGTP.

Cabe resaltar que ambas propuestas del Ministerio de Economía como parte del ‘Shock Desregulatorio’ han sido confrontadas por el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien descartó derogar los decretos supremos en materia laboral, sin antes establecer un díalogo en el Consejo Nacional del Trabajo. Por lo tanto, ambas medidas aún no son efectivas.