Por Danira Navarro
Entre 2009 y 2024, los servicios del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar atendieron 2,047 casos de feminicidio. Estas cifras reflejan una problemática persistente y estructural: las mujeres siguen siendo asesinadas en el Perú por razones basadas en su género.
Es decir, no las matan por un conflicto puntual o al azar, sino porque son mujeres en una sociedad donde aún persisten creencias que justifican el control, la violencia o el castigo hacia ellas por no obedecer, por terminar una relación o simplemente por ejercer su autonomía.
El Código Penal peruano reconoce los feminicidios como una forma agravada de homicidio contra las mujeres. Esta figura fue incorporada en 2013 mediante la Ley 30068 y permite identificar como feminicidio aquellos crímenes cometidos en contextos de violencia familiar, coacción, acoso sexual o abuso de poder.
De esta forma, no solo se sanciona el homicidio, sino que también se visibiliza la discriminación basada en género considerando contextos agravantes, lo que permite aplicar penas más severas de hasta cadena perpetua.
En los primeros cinco meses de 2025, se registraron 65 casos con características de feminicidio, según cifras oficiales del Ministerio de la Mujer (MIMP), el promedio mensual es de 13 casos. A pesar de este alarmante contexto, la congresista Milagros Aguayo, de la bancada de Renovación Popular, ha presentado el proyecto de ley 10342, que propone eliminar la figura del feminicidio del Código Penal.
Lo que busca el proyecto de ley 10342
En febrero de 2025, la bancada de Renovación Popular, a iniciativa de la congresista Milagros Jáuregui, presentó el proyecto de ley 10342, que propone eliminar la figura del feminicidio del Código Penal y reemplazarla por el delito de “asesinato de la pareja”. La propuesta plantea que hombres y mujeres que asesinen a su pareja o expareja sean sancionados por igual, sin tomar en cuenta el género de la víctima, y argumenta que aplicar penas más altas por el asesinato de mujeres vulnera el principio de igualdad ante la ley.
El proyecto también menciona que, a nivel mundial, los hombres representan la mayoría de víctimas de homicidios. Sin embargo, esta afirmación omite que los homicidios de hombres suelen estar ligados a otras dinámicas, como el crimen organizado, las pandillas o conflictos armados.
El Informe Mundial sobre Homicidios 2023, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “aunque la mayoría de los homicidios en el mundo se cometen contra hombres y niños (80% en 2022), las mujeres y niñas se ven desproporcionadamente afectadas por la violencia homicida en el hogar”. De acuerdo al mismo informe, las mujeres representaron el 53% de todas las víctimas de homicidios cometidos en el hogar y el 66% de víctimas asesinadas por sus parejas íntimas.
Casos sin vínculo de pareja quedarían excluidos
Pero la violencia no solo se limita al ámbito doméstico. Muchas mujeres también son asesinadas por hombres con quienes no tenían una relación afectiva, como vecinos, compañeros de trabajo, clientes, acosadores o incluso desconocidos. En lo que va de este año, el 19% de los casos con característica de feminicidio atendidos por el Ministerio de la Mujer tuvieron como victimario a un desconocido. En todos estos casos, el factor común es la violencia basada en género, que corre el riesgo de quedar invisibilizada si se elimina la figura del feminicidio del marco legal.
Esta modificación propuesta por Jauregui dejaría fuera las sanciones específicas para las muertes violentas de mujeres cuyos agresores no sean sus parejas. Estos casos “serían sancionados como homicidios simples, comunes, porque no calzarían dentro de este cambio de asesinato a la pareja”, explicó la abogada Victoria Solis en entrevista con Contranoticia.
Bajo la lógica del proyecto, casos como el de Eivy Ágreda, quien fue rociada con gasolina por un acosador en 2018, y el de la niña Jimenita, quien fue víctima de abuso sexual y feminicidio por parte de su vecino, se investigarían solo como homicidios. “Este tipo de asesinatos, donde las mujeres no tienen relación con sus agresores, se sancionarían solamente con 20 años de pena privativa de libertad”, advirtió la abogada experta en género.
¿Qué consecuencias traería este cambio?
Eliminar el feminicidio como figura jurídica tendría también otras consecuencias, por un lado, se debilitaría el reconocimiento de la violencia de género como una problemática social y política. Por otro, se afectarían los sistemas de protección y reparación a las víctimas.
Diversas organizaciones sociales han rechazado el proyecto de ley. Una de ellas es el colectivo Familias Buscando Justicia, conformado por madres y familiares de víctimas de feminicidio. Actualmente, son más de 60 familias las que integran el colectivo a nivel nacional. Su vocera, Katherine Flores, señala que esta norma solo traerá más impunidad.
“Nos oponemos porque vulnera a los hijos e hijas de las víctimas. Hay casos que vienen años pidiendo justicia, y la justicia es muy lenta”, expresó Flores al ser consultada por Contranoticia. Además, denunció que el sistema judicial es deficiente, y este tipo de propuestas solo agrava la situación.
Uno de los pocos avances estatales en materia de reparación ha sido el Decreto de Urgencia 005-2020, que establece una asistencia económica y medidas de protección social para las víctimas indirectas de feminicidio y tentativa de feminicidio. Este decreto reconoce la gravedad del daño causado por estos crímenes y brinda apoyo a quienes quedan en situación de desamparo, principalmente niñas, niños y adolescentes huérfanos, así como personas con discapacidad que dependían económicamente de las víctimas.
Según cifras del Sistema Integrado de Seguimiento y Monitoreo por Asistencia Económica a víctimas indirectas de Feminicidio (SISMAEVIF) del MIMP, desde 2020, hay casi 6 mil personas beneficiarias recibiendo la asistencia económica, más del 80% son menores de edad que quedarían en una situación aún más vulnerable si se elimina el reconocimiento jurídico del feminicidio, ya que esta es la base legal que permite acceder a dicha reparación.
Por otro lado, Katherine Flores alertó que este tipo de iniciativas legislativas solo buscan que las mujeres “queden más desprotegidas”. “Muchas mujeres todavía tienen miedo a denunciar a sus parejas o miedo a denunciar a sus agresores. Y va a aumentar más (si se aprueba este proyecto). «Lo que quieren es intimidarnos”, aclaró. Mientras el Estado no garantice justicia ni protección efectiva, eliminar el feminicidio como figura legal es dejar aún más solas a las mujeres.
Esta nota ha sido publicada en el marco del Programa de Voluntariado en Periodismo Escrito de Contranoticia.
