Información y fotos de Lizbeth Hernandez / Kaja Negra
En marzo del 2025, el Tribunal Superior del estado de Oaxaca reactivó 200 órdenes de aprehensión contra 56 miembros de esta comunidad mazateca (8 mujeres y 48 hombres) por un caso de 2014.
“Aplastar, opacar, paralizar, destruir, desarticular la defensa del territorio es lo que persigue este recrudecimiento, golpear a las mujeres, porque las mujeres hemos estado al frente de la lucha por la libertad”, declaró Argelia Betanzos, integrante de Mazatecas por la Libertad y abogada de la comunidad.
Se acusa a los comuneros y comuneras de haber participado en hechos de violencia que resultaron en la muerte del hijo de Manuel Zepeda, expresidente municipal de Eloxochitlán, Además, se les acusa de atentar contra la vida de Eliza Zepeda Fuentes, actual diputada del estado de Morena. La familia ha ejercido poder caciquil en la región desde 2010 y ha impulsado la persecución a miembros de la comunidad de Eloxochitlán por más de una década.
Buscando recoger evidencias de la situación, 35 personas de colectivos de derechos humanos, ambientales, especialistas, sociedad civil y prensa participaron en la Primera Misión de Observación Civil del 20 al 22 de junio.
A través de entrevistas y análisis del territorio, este equipo constató “faltas al debido proceso, desplazamiento forzado, prisión injustificada, detenciones arbitrarias y un clima de constante asedio y hostigamiento que ha puesto en riesgo la vida, la integridad física y psicológica de la comunidad”. Además, documentaron daños al río Xangá Ndá Ge, que sustenta a la comunidad, como consecuencia de extracción de material pétreo que realiza el grupo caciquil Zepeda en el territorio.
La documentación recabada por la Misión durante la visita a Eloxochitlán se plasmará en un informe multidisciplinario. Este será presentado ante autoridades locales y federales para fortalecer la denuncia internacional frente a las violaciones de derechos humanos. “Hasta la fecha, la omisión y dilación de autoridades mexicanas de los tres niveles del Estado para terminar con la tortura ejercida en contra de la comunidad, es una constante”, señalaron los observadores civiles.
En búsqueda de libertad
La maestra Maribel Betanzos es una de las ocho mujeres mazatecas criminalizadas de la comunidad de Eloxochitlán. Pertenece a la Sección XXII Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y existen cinco órdenes de aprehensión en su contra.
Aunque Maribel Betanzos fue declarada inocente anteriormente, hoy nuevamente se le acusa de robo e incendio ocurridos en 2014. Ese año estuvo marcado por un incremento de tensiones entre la asamblea comunitaria y la familia Zepeda, y dio inicio a la persecución política que aún hoy sufren las defensoras y defensores de Eloxochitlán.
El 24 de junio pasado, Betanzos se presentó a proceso acompañada de miembros de la comunidad y de la Misión de Observación Civil que le dieron su respaldo. Como denuncian, la persecución ha propiciado que la maestra no pueda ejercer su labor ni estar en paz en su territorio. Gracias a un amparo otorgado a su favor, la maestra no puede ser detenida hasta que se resuelva su proceso.
Este 8 de julio, la profesora volvió al Juzgado de Huautla, y decidió ejercer su derecho constitucional a reservarse su declaración. Tras esto, empezó a correr un plazo de 72 horas para que el juez Constantino Santiago Agustín resuelva su situación jurídica.
Integrantes de la comunidad de Eloxochitlán la acompañan y se declararon en plantón hasta que venza el plazo.
“La defensa federal que representa a Olga Maribel alegó tres aspectos: a) Que no se acreditan los delitos de daños por incendio ni de robo con violencia por equiparación, b) Que no se acredita la probable responsabilidad de Olga Maribel, y c) Que los delitos están prescritos”, reportó el Observatorio Memoria y Libertad que sigue el caso y el plantón a las afueras del Juzgado Mixto de Huautla.
