Por Guillermo Malo
En la mañana del domingo 12 de abril, 27 millones de peruanos fueron convocados a elegir su presidente, senadores, diputados y representantes en el Parlamento Andino para el período de gobierno 2026-2031. La importancia de estas elecciones no pasa desapercibida. El escenario político en el país está marcado por la inestabilidad institucional y la creciente polarización entre movimientos políticos. En este contexto, el ganador de la contienda electoral sería el noveno presidente de la República en los últimos 10 años.
La jornada electoral comenzó sin mayores incidentes en la mayor parte del país. El 99.8 % de las mesas de sufragio fueron instaladas, una cifra cercana al 99.9 % alcanzado en las elecciones generales de 2021. Sin embargo, durante la mañana se reportaron demoras en distintos centros de votación. Para el mediodía, el 13% de las mesas en Lima Metropolitana aún no estaban habilitadas, lo que obligó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) extender el plazo de instalación hasta las 2 p.m.
Cumplido ese límite, se dispuso el cierre y la exoneración de los primeros locales afectados. La reacción ciudadana no se hizo esperar. Grupos de electores protestaron en las afueras de los centros clausurados. En un colegio del distrito limeño de San Martín de Porres, decenas de personas forcejearon el portón para ingresar y reclamar su derecho al voto.
Las primeras declaraciones por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizaron a la empresa contratista encargada del transporte del material electoral, Servicios Generales Galaga, de retrasar la entrega de los materiales por falta de vehículos.
Una empresa pequeña con grandes contratos
Servicios Generales Galaga S.A.C. fue fundada en 2010 por Juan Charles Alvarado Pfuyo, su actual gerente general. La empresa tiene domicilio en San Juan de Lurigancho y un capital inicial de 100 mil soles. Según su ficha RUC en Sunat, cuenta con 13 trabajadores en planilla.
De acuerdo con La República, Galaga acumula más de S/ 36 millones en contratos con el Estado. Una investigación de El Comercio señala que obtuvo 25 contratos entre 2018 y 2026 con entidades como el Ministerio de Vivienda, la Diris Lima Sur, el Cenares y el programa Educación Básica para Todos.
Entre estos destaca el contrato con la Municipalidad de Lima, vigente entre el 29 de diciembre de 2023 y el 29 de diciembre de 2024, durante la gestión de Rafael López Aliaga. El servicio otorgado consistió en el traslado de materiales, herramientas y equipos para la Subgerencia de Gestión y Fiscalización fue adjudicado por S/ 686,400.
Uno de sus principales clientes ha sido la ONPE. Pese a haber recibido sanciones por S/ 64,000 en tres ocasiones —julio de 2020 (elecciones congresales extraordinarias), enero de 2023 (transporte de carga en el ámbito nacional) y setiembre de 2023 (elecciones municipales complementarias) —, la empresa obtuvo siete contratos adicionales entre 2020 y 2023 por un total de S/ 5,006,875.10.
La cadena comienza a fallar
9 de marzo:
La ONPE firmó con Galaga el contrato para el transporte de material electoral en Lima Metropolitana por S/ 6.3 millones. La propuesta de la empresa fue la más costosa entre las presentadas. Hermes ofertó S/ 6.2 millones y AFE, S/ 5.8 millones; ambas cuentan con 30 y 19 años de experiencia respectivamente.
Los términos de referencia exigían una flota de 40 camiones con capacidad mínima de 10 metros cúbicos, según tarjeta de propiedad. De acuerdo con el consorcio AFE, la ONPE aplicó un criterio distinto: restó dos metros cúbicos correspondientes a las cabinas, lo que favoreció a Galaga en la evaluación técnica, pese a contradecir los términos establecidos. El proceso de contratación fue suscrito por José Samamé Blas, el gerente de Gestión Electoral de la ONPE, y por Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral.
5 de abril:
Galaga publicó en LinkedIn una convocatoria a proveedores para 400 unidades de furgón cerrado, a una semana de las elecciones.
11 de abril:
El traslado de material electoral hacia los locales de Lima Metropolitana comenzó a las 10pm de la noche anterior. En un inicio, Galaga cumplió con el servicio. Sin embargo, según la ONPE, en la última etapa, la mañana del sábado 11, la empresa no contó con la cantidad requerida de vehículos.
En contraste, choferes subcontratados declararon a Latina que la demora se debió a la falta de personal de la ONPE para fiscalizar la carga, lo que habría impedido que algunos vehículos salieran a repartir hasta la tarde.
¿Quién tiene la culpa?
Desde la mañana del domingo 12 de abril la ONPE ya atribuía a Galaga la responsabilidad de los retrasos en el suministro de material electoral.
“La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da a conocer que la distribución de material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana ha sufrido un retraso, por lo que este aún no llega a determinados locales de votación, principalmente de la zona sur de Lima. [..]
Ante un incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga”, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios, [..].”
En total, 13 locales de votación en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac no lograron habilitarse, afectando a 52,251 electores. La magnitud del problema llevó al Jurado Nacional de Elecciones a convocar una jornada adicional de votación en las mesas afectadas.
El lunes 13 de abril se realizaron los comicios sin mayores incidentes, aunque persistieron algunas dificultades para los votantes por tratarse de un día laborable. Ese mismo día, la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía intervino las oficinas de Galaga y la sede central de la ONPE. José Samamé Blas fue detenido en flagrancia por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”.
El segundo firmante del contrato, Juan Phang Sánchez, fue acusado el 14 de abril por la Fiscalía de integrar una presunta organización criminal infiltrada en el Consejo Nacional de la Magistratura y la ONPE, con el objetivo de facilitar la inscripción del partido Podemos Perú, vinculado al empresario José Luna Gálvez. El funcionario fue suspendido por la ONPE el 17 de abril como parte de un proceso disciplinario por presunto incumplimiento de funciones.
La defensa de Galaga
En medio de la crisis, la empresa optó inicialmente por el silencio. Tras ser señalada como responsable de los retrasos del 12 de abril, su gerente general evitó pronunciarse hasta el avance de las investigaciones.
El lunes 13, a través de su página de Facebook, Galaga sostuvo que “el servicio fue planificado y ejecutado conforme a los requerimientos y cronogramas proporcionados por la ONPE”, y atribuyó las demoras a “factores ajenos a [su] responsabilidad operativa”. Asimismo, afirmó colaborar con la Dircocor.
El miércoles 15, la empresa envió una carta notarial a la ONPE exigiendo la rectificación de las declaraciones de su jefe, Piero Corvetto, por el presunto daño a su reputación empresarial.
Al cierre de esta edición, las investigaciones continúan. El más reciente elemento proviene de conversaciones de WhatsApp de Alvarado Pfuyo, difundidas por RPP. En ellas, el gerente de Galaga señala que las unidades de transporte esperaban la carga del material electoral por parte de la ONPE desde la noche del sábado 11 de abril.
Esta nota ha sido publicada en el marco del Programa de Voluntariado en Periodismo 2026 de Contranoticia.
