Por Guillermo Malo
Cuando el presidente interino José María Balcázar salía de los estudios de Radio Exitosa la mañana del 17 de abril, una nueva crisis de gobierno se encontraba en moción, esta vez de escala geopolítica y con participación de los Estados Unidos.
Lo que debió ser una parada breve del itinerario antes de la ceremonia con funcionarios y representantes empresariales en la base aérea Las Palmas terminó por causar un incidente diplomático que llevaría a la renuncia de dos ministros y una tentativa de destitución.
“Dado que mi gobierno es transitorio y terminamos en julio de 2026, pienso yo que, por ahora, es cuestión de conversar con el gabinete, de que dejaríamos para el nuevo gobierno”
El presidente Balcázar declaró la postergación de la compra de 24 aviones caza F-16, valorizada en $3,500 millones. Si bien el proceso de adquisición ya se encontraba en la última etapa, optó en el mismo día de la firma que sería mejor dejar la decisión al gobierno entrante después de las elecciones.
La respuesta del embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, no se hizo esperar. En una publicación de X, el diplomático amenazó al gobierno de Balcázar si el negocio no salía favorable para los intereses estadounidenses.
“Si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.
La decisión de suspender la contratación al parecer se tomó sin consulta de los funcionarios relevantes: el primer ministro Luis Arroyo Sánchez, el ministro de Defensa Carlos Díaz Dañino, y el jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) Erwin Solís Ochoa.
Sin embargo los mandos militares de Balcázar procedieron con la compra sin el consentimiento de quien debería ser el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Para el titular del Mindef, la posición del presidente no fue oficializada por decreto ni por los canales correspondientes. Según el periodista Ángel Paéz, para el 20 de abril el ministro de Defensa pide al comandante general de la FAP, Mario Contreras León Carty, que continúe con la compra de los F-16. El contrato finalmente sería firmado por el comandante del Servicio de Abastecimiento Técnico, el coronel FAP Carlos Rey Benavente. Vale resaltar que el Ministerio de Defensa no confirma estos hechos por tratarse de un proceso secreto.
“Ellos han hecho todo ese trámite que le llaman secreto a tal punto que ni el presidente de la República se ha enterado” declaró el presidente Balcázar al semanario Hildebrandt. Aún así, los documentos que allanaron el camino hacia la compra de los F-16 fueron suscritos por el mismo Balcázar desde semanas atrás. El 5 de marzo firmó el decreto que asigna la compra a la lista de contrataciones de “secreto militar” sustentado por un informe de la FAP que ya recomendaba la compra de los F-16 sin competencia abierta, a pesar de que aún se encontraba en licitación pública y compitiendo con propuestas de Francia y Suecia. Balcázar firmaría otro decreto el 17 de marzo donde autoriza S/ 522 millones al Ministerio de Defensa para la adquisición de “aviones caza de alto rendimiento”.
El primer pago para los aviones tenía como fecha límite el 22 de abril. Inicialmente el desembolso fue impedido por orden del presidente Balcázar al Ministerio de Economía y Finanzas. Como consecuencia el ministro de Defensa y el canciller Hugo de Zela renunciaron a sus cargos señalando que el mandatario ponía en riesgo las obligaciones contractuales del Estado y que mentía al decir que desconocía las decisiones tomadas por su gabinete.
Esa misma mañana el embajador estadounidense llega al Palacio de Gobierno para una reunión con el primer ministro Luis Arroyo sin la presencia del presidente Balcázar. Finalmente al mediodía el ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas resuelve por transferir el primer pago de $462 millones a Lockheed Martin, la empresa fabricante de los F-16. La noticia fue adelantada por el presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.
La crisis de gobierno de la semana pasada nos vuelve a recordar que en el Perú, la presidencia ha sido relegada a una función casi ceremonial. Si bien en las presidencias de Dina Boluarte y José Jerí cooperaban con el poder concentrado en el Congreso, este incidente revela la poca influencia que ejerce el jefe de Estado en la nueva configuración del gobierno a puertas de la bicameralidad.
¿Y cuál fue el resultado de la insubordinación del presidente Balcázar? Además de asumir una obligación multimillonaria con una potencia extranjera y enfrentar una moción de censura por parte del Congreso, ahora se suman dos colaboradores del fujimorismo a su gabinete.
El nuevo ministro de Defensa, Amadeo Flores Camargo registra 9 aportes entre 2018 y 2023 a campañas de Fuerza Popular por un total de 4750 soles. Él mismo ha sido candidato a regidor en Lima por el partido en 2018. Más recientemente fue asesor para la congresista fujimorista Rosangela Barbaran entre agosto del 2021 y febrero del 2023.
El diplomático Carlos Pareja, quien ahora asume como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, si bien tiene una larga trayectoria profesional desde los años 80, también asumió cargos de dirección durante el fujimorato. Llegó a ser jefe del gabinete del viceministro de Relaciones Exteriores entre 1997 y 1998.
Por ahora queda esperar a ver si el gobierno entrante en julio investigará las circunstancias de esta compra exprés que compromete las finanzas del país por $3,500 millones en medio de una creciente déficit fiscal y brechas sociales en educación, salud e infraestructura.
Esta nota ha sido publicada en el marco del Programa de Voluntariado en Periodismo 2026 de Contranoticia.
