La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el proyecto de ley N° 6951 que busca la prescripción de los crímenes contra los derechos humanos perpetrados antes de julio de 2002.

Con ello, más de 600 casos quedarán impunes, dejando sin justicia a cientos de peruanas y peruanos víctimas de tortura, desaparición forzada y homocidio calificado durante el conflicto armado interno, según informe de la Junta de Fiscales Supremos.

Los principales beneficiados con esta ley serán los militares del Grupo Colina (casos Cantuta, Barrios Altos y Pativilca), y Alberto Fujimori (caso Pativilca). Incluso, los terroristas integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso que estuvieron involucrados en la matanza de campesinos en Soras, Ayacucho, en 1984. Tanto los casos de La Cantuta, Barrios Altos y Pativilca se encuentran en la etapa de juicio oral, mientras que el caso de Soras está en la de acusación fiscal.

Carlos Rivera, abogado del IDL, alertó que esta ley también dejaría en libertad a Montesinos, recientemente condenado a 19 años por el caso Pativilca, y Daniel Urresti, sentenciado a 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. «Estos casos fueron calificados como lesa humanidad y se les otorgó la condición de crímenes imprescriptibles. A partir de la vigencia (de la ley), si se promulga, van a ser declarados prescritos. Por tanto, los condenados: Montesinos, Martín Rivas, Mori Orzo, Daniel Urresti (…) van a salir libres porque eso es lo que ordena la ley».

El 13 de junio pasado, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público rechazó en un comunicado público la aprobación de este proyecto de ley y advirtió que el congreso estaba impulsando una normativa inviable e incompatible con la jurisprudencia nacional e internacional de los derechos humanos.

El 1 de julio, la corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado Peruano tomar las acciones necesarias para que el proyecto 6951 no entre en vigencia. En Perú, diversas organizaciones civiles, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, también han mostrado su rechazo hacia esta iniciativa legislativa.

Sin embargo, el Congreso ha decidido actuar a favor de procesados y sentenciados por graves delitos contra los derechos humanos de peruanas y peruanos que llevan más de 30 años esperando por justicia y reparación.