Por Pilar Anco
En un país marcado por la inseguridad, el sicariato, la desconfianza institucional y el retroceso en derechos, el resultado de las elecciones no solo define quién llegará a la presidencia, sino también qué tipo de Congreso legislará en los próximos años.
Según resultados preliminares de Datum, las fuerzas políticas con mayor presencia proyectada en el nuevo Congreso, en el marco del retorno a la bicameralidad, incluyen a Fuerza Popular y Renovación Popular. No se trata de actores nuevos, sino de bancadas que tuvieron un rol determinante en el actual Legislativo. ¿Qué hicieron cuando tuvieron poder?
Cambios en normativa ambiental
Entre 2023 y 2024, el Congreso aprobó cambios en la legislación forestal mediante la Ley 31973, más conocida como la “ley antiforestal”. La norma fue aprobada por insistencia el 14 de diciembre de 2023 con 69 votos a favor y publicada en enero de 2024. Esta modificación podría generar graves impactos en bosques y territorios de comunidades indígenas y fue respaldada por bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Acción Popular, entre otras.
Modificaciones en seguridad ciudadana
En paralelo, en 2024, el Congreso aprobó modificaciones a la Ley 30077 sobre crimen organizado, rechazando los pedidos de diversos sectores que solicitaban la derogatoria de la Ley 32108, normas denominadas como “leyes procrimen”. Esta iniciativa fue respaldada por varias bancadas; entre ellas, Fuerza Popular, que aportó 19 votos a favor. Estas modificaciones han generado preocupación frente a la situación de inseguridad que vive el país, al ser percibidas como un posible debilitamiento de las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado.
Igualdad de género y políticas públicas
En 2025, el Congreso aprobó una nueva Ley de Igualdad de Oportunidades, basada en el Proyecto de Ley 8731/2024-CR, presentado por la bancada de Renovación Popular. La norma fue aprobada el 19 de noviembre de 2025 con 79 votos a favor y propone reducir el enfoque de género en la formulación de políticas públicas, reemplazando la educación sexual integral por un enfoque centrado en aspectos biológicos.
Esta posición no se limita al discurso. En los últimos años, diversas normas aprobadas en el Congreso han ido en la misma línea. Entre ellas, la Ley 32535, que elimina el enfoque de género y la educación sexual integral; la Ley 32003, que suprime el lenguaje inclusivo en la administración pública; y la Ley 32331, que restringe derechos de personas trans, todas impulsadas por la bancada de Renovación Popular. En conjunto, estas iniciativas reflejan una orientación sostenida hacia la reducción de enfoques de igualdad en las políticas públicas.
En la misma línea, se suma la aprobación del Proyecto de Ley 7549/2023-CR, impulsado por el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, que establece la amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa por hechos ocurridos durante el conflicto armado interno (1980–2000). Medida que ha sido cuestionada por sus implicancias en el acceso a la justicia y por el riesgo de favorecer la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos.
En ese contexto, el Análisis Electoral Perú 2026 de la Mesa de Vigilancia Ciudadana en Derechos Sexuales y Reproductivos, advierte que el 64% de los planes de gobierno omite o no desarrolla la Educación Sexual Integral (ESI) como política pública. Además, seis partidos plantean eliminar este enfoque (Fuerza Popular, Renovación Popular, Unido Perú, Obras, Unidad Nacional y PerúAcción), lo que genera preocupación por el impacto que tendría en la prevención de la violencia sexual y la protección de niñas y adolescentes.
Al respecto, Angie Muñoz, asesora de la Dirección Ejecutiva de Promsex, señaló que la Educación Sexual Integral “es una herramienta concreta para prevenir la violencia sexual y el embarazo infantil”, ya que permite que niñas y niños identifiquen situaciones de riesgo, fortalezcan su autonomía y sepan a dónde acudir.
A ello se suma que al menos 51 candidatos que postularon al Congreso cuentan con sentencias por violencia familiar. De ellos, la mitad postuló con Fuerza Popular (11) y Renovación Popular (10), mientras que los otros pertenecer a Alianza para el Progreso (13) y Podemos Perú (11). Esta situación evidencia la persistencia de la violencia de género en espacios de poder y reabre el debate sobre los filtros y mecanismos de selección de candidaturas dentro de los partidos políticos.
Proyección del nuevo Congreso
En este escenario, los partidos que ya han tenido mayorías parlamentarias volverían a tener una de las principales representaciones en el nuevo Congreso. Con la información que se tiene hasta el momento, Fuerza Popular alcanzaría 21 escaños en el Senado y 40 escaños en la Cámara de Diputados, mientras que Renovación Popular alcanzaría 10 escaños en el Senado y 16 en la Cámara de Diputados.
No se trata de hechos aislados, sino de un patrón de decisiones que configuran una forma de hacer política basada en el debilitamiento de enfoques de derechos. En ese sentido, el escenario que se perfila no resulta nuevo, remite a dinámicas que ya han generado retrocesos en distintos ámbitos. Más allá de quién llegue a la presidencia, el impacto real de estas decisiones recaerá directamente sobre la ciudadanía, especialmente sobre quienes ya enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad. En un país donde el miedo, la desigualdad y la precariedad son parte de la vida cotidiana, son estos sectores quienes terminan asumiendo las consecuencias.
Esta nota ha sido publicada en el marco del Programa de Voluntariado en Periodismo Escrito 2026 de Contranoticia.
