Con la inseguridad en aumento y con una clase política que ha legislado a favor del crimen, diversos colectivos ciudadanos han decidido tomar acción. Desde la Coalición Ciudadana por la Vida se presentará un proyecto de legislativo para derogar seis leyes, avaladas por el Congreso y el Ejecutivo, que favorecen la impunidad y el poder de redes criminales.
Las organizaciones que impulsan la iniciativa son la Coalición Ciudadana por la Vida, el Comité de Gremios de Transportes del Perú, el Comité Promotor por la Seguridad, la Defensa de la Vida y el Trabajo Digno, la Plataforma por la Democracia y la Confederación de Mototaxistas del Perú. Su propuesta busa derogar las siguientes leyes:
- Ley 32138: Dificulta la persecución del delito poniendo trabas a los allanamientos de personas vinculadas a crímenes graves.
- Ley 3577: Impide incautar los bienes de personas investigadas por corrupción y crimen organizado.
- Ley 31990: Limita la colaboración eficaz, dificultando llegar a los cabecillas de las organizaciones criminales.
- Ley 31751: Acorta los plazos de prescripción, haciendo que se reduzca el tiempo para investigar los delitos más graves.
- Ley 31989: Dificulta la incautación y decomiso de artefactos usador por la minería ilegal.
- Ley 32181: Blinda a efectivos policiales que estén investigados por vínculos con la delincuencia.
El artículo 31 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho de la ciudadanía a presentar proyectos de ley. Según la Ley 26300, estas propuestas deben contar con el respaldo del 0.3% del padrón electoral actual, es decir, contar con al menos 81 mil firmas, para ser admitidas a trámite en el Congreso.
Por ello, la Coalición Ciudadana por la Vida ha iniciado una campaña nacional de recolección de firmas. A la fecha, ya han reunido más de tres mil, que serán revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones para verificar su validez. Una vez cumplido este plazo, el Congreso tendrá un plazo de 90 días para debatir y votar el proyecto en el pleno.
Mario Ríos, vocero de la Coalición, anunció que esperan presentar un primer bloque de firmas en julio de este año. «Estos proyectos de ley (propuestos por la ciudadanía) deben discutirse prioritariamente. El Congreso no puede dejar de pronunciarse sobre una un proyecto de ley presentado por la ciudadanía», señaló Ríos durante la conferencia de prensa realizada este miércoles 11 de junio en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Cifras que empujan a actuar
La urgencia de esta iniciativa se sostiene en cifras alarmantes. Según el Sistema de Información de Denuncias Policiales (SIDPOL), entre enero y abril de 2025 se registraron 9 097 denuncias por extorsión a nivel nacional, lo que equivale a una denuncia cada 19 minutos. Entre enero y mayo se han reportado 921 homicidios, un aumento del 21.5% respecto al mismo periodo de 2024. El promedio diario de asesinatos se sitúa entre cinco y seis casos.
«La vida no vale más que un sol, cinco soles. ¿Qué estamos esperando nosotros como ciudadanos, como representantes, como dirigentes? ¿Vamos a seguir mirando cómo mueren diariamente nuestros hermanos? Mañana puede ser tú o yo. Todos podemos ser víctimas», advirtió Judith Pancca, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Gamarra.
A este panorama se suma el impacto económico de la inseguridad. La Asociación de Bodegueros del Perú ha reportado el cierre de cerca de 2 000 bodegas solo en lo que va del año. Las que aún sobreviven, registran pérdidas diarias de hasta 500 mil soles. Según estimaciones, el Perú pierde más de 30 mil millones de soles anualmente a causa de la delincuencia, las extorsiones, los homicidios y la violencia generalizada. La criminalidad amenaza vidas y asfixia a la economía popular.
«No existen en el país, un plan estratégico para combatir a la delincuencia organizada desde el Ministerio del Interior, desde los gobiernos regionales, desde los municipios provinciales y distritales. Y la pregunta es: ¿por qué este Congreso favorece? Si ellos son parte del Estado, defensores de los derechos de sus ciudadanos, no deberían de dudar en derogar todas esas leyes por crimen. Pero hacen lo contrario», denunció Herbert Villafana, vocero de la Asociación Nacional de Mototaxistas.
Una respuesta ciudadana frente al poder del crimen
Con un llamado a construir una mayoría ciudadana que recupere la justicia y la democracia, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, exhortó a todos los sectores sociales a sumarse a esta campaña. «Es el momento de dar un salto de ser espectadores de lo que ocurre o de mirar cómo las encuestas han ido visibilizando el incremento exorbitante de las cifras (de criminalidad) a la acción, a la actuación ciudadana», enfatizó.
La coalición se prepara para recorrer mercados, plazas y barrios del Perú con planillones en mano, decidida a demostrar que la ciudadanía no tolerará leyes hechas al servicio del crimen. Para ello, esperan convocar a más personas voluntarias de distintas regiones del país que conformen brigadas ciudadanas de recolección de firmas.
«Juntos somos más fuertes. Necesitamos las firmas para poder detener esto. Tenemos que hacer que esto se detenga ya», declaró Angela Villón, representante de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, organización que también se ha sumado a la iniciativa.
En Lima, las personas interesadas pueden acercarse a los siguientes puntos para recoger planillones, afiches y polos de la campaña:
- Jirón General Orbegozo 195, Breña.
- Jirón José Pezet y Monel 2467, Lince (Local CNDDHH).
La coalición ciudadana irá actualizando en su página de Facebook los nuevos puntos a nivel nacional donde se realizarán jornadas de recolección de firmas. También pueden contactarse al WhatsApp +51 968355638 para inscribirse en las brigadas voluntarias.
