La inseguridad ciudadana no solo genera miedo e impunidad, también representa un enorme drenaje económico. Cada año, el Perú pierde más de 30,000 millones de soles por efectos de la delincuencia, extorsiones, homicidios y violencia. Esta cifra, advertida por el colectivo Economía Sin Cuentos, equivale a todo el presupuesto público destinado a educación básica regular en 2024. Sin embargo, esta crisis se sigue abordando solo como un problema policial, ignorando las causas estructurales que la agravan.
La inseguridad ciudadana se ha instalado como parte del día al día. De acuerdo las cifras oficiales del Sistema Informático de Defunciones (Sinadef), cada cuatro horas ocurre un homicidio en el país y más de 2,000 pequeñas bodegas han tenido que cerrar por cobros de cupos y extorsiones, según declaraciones del presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú Andrés Choy.
El miedo es una constante. El ‘Barómetro de Seguridad’ de Ipsos, mostró que más del 75% de la población vive con miedo al salir de sus casas. La economista Catherine Eyzaguirre, vocera del colectivo, expone tres factores clave desde el modelo económico que alimentan la creciente ola de inseguridad. Según explica, el abandono de las MYPES, la informalidad estructural y la exclusión financiera están empujando a millones de personas hacia la vulnerabilidad económica y también hacia el peligro.
1. Una economía informal que deja a millones expuestos
Con la segunda tasa de informalidad laboral más altas de Sudamérica, el Perú enfrenta un problema estructural: su economía no genera suficientes empleos formales y dignos para absorber a toda su fuerza laboral. Esta situación obliga a millones de personas —transportistas, comerciantes, mototaxistas, microempresarios— a subsistir en condiciones de informalidad, sin acceso a derechos, seguros ni redes de protección social.
“Estas personas se ven obligadas a buscar formas de subsistir al margen de la formalidad y se ven más expuestas al cobro de cupos y a las extorsiones”, señala Eyzaguirre. Sin respaldo estatal ni protección institucional, quedan completamente vulnerables ante el crimen organizado. Para Economía Sin Cuentos, este fenómeno no puede entenderse sin revisar el funcionamiento de una economía que prioriza el crecimiento, pero deja fuera a buena parte de su población.
2. Un sistema financiero concentrado que excluye a las MYPES
La exclusión también se reproduce en el sistema financiero. En el Perú, cuatro bancos concentran más del 80% del mercado, lo que les otorga un poder decisivo sobre el acceso al crédito. Las micro y pequeñas empresas, que representan más del 90% de las unidades económicas del país, suelen recibir ofertas con tasas de interés tan elevadas que resultan impagables.
Ante la falta de opciones, muchas MYPES terminan recurriendo a prestamistas informales, algunos de ellos vinculados a redes criminales. De este modo, un problema financiero se convierte en un riesgo directo para la seguridad de los pequeños emprendedores, atrapados entre la necesidad de capital y la amenaza de violencia.
3. Un Estado que abandona a quienes sostienen la economía
La tercera razón identificada por el colectivo apunta directamente a la falta de políticas públicas eficaces. Durante la pandemia, mientras las grandes empresas accedieron a millonarios créditos a través del programa Reactiva Perú, miles de pequeñas y microempresas quebraron sin recibir apoyo real. En la actual coyuntura de inseguridad, el patrón se repite: el Estado no ha implementado medidas específicas para proteger ni reactivar a las MYPES.
Según Eyzaguirre, este abandono institucional es otro factor que profundiza la vulnerabilidad económica y social de millones de personas. “Necesitamos políticas públicas que apoyan a las MYPES para elevar su productividad, mejorar su acceso a tecnología y a financiamiento, hacer viable una formalidad que las beneficie, porque para construir un país seguro necesitamos una economía al servicio de la gente”, sostiene.
La importancia de una economía popular
Desde Economía Sin Cuentos resaltan que no se puede enfrentar la inseguridad únicamente con reformas policiales o más presencia militar. Para revertir la situación se requiere transformar las condiciones económicas que generan vulnerabilidad.
«No solamente se necesita una reforma policial, mejorar el sistema de justicia y derogar todas las leyes que este Congreso ha aprobado en favor del crimen organizado. Necesitamos una economía dinámica capaz de generar realmente incentivos hacia la formalidad. Lo que pedimos es simple, un país seguro, un país para vivir», concluye la economista.
