La ‘Ley Antiforestal’ genera incentivos perversos para que las personas se apoderen de tierras a través de la tala y quema de bosques. La norma combinada con el aumento de temperaturas debido al cambio climático, intensifica la crisis en la sierra y selva peruana.
La Ley 31973 fue promulgada de manera exprés el pasado 11 de enero de 2024, omitiendo informes y reconsideraciones que alertaban sobre su impacto negativo. El régimen de Boluarte no hizo nada para evitar que se convierta en ley.
Esta medida ha sido criticada por vulnerar el derecho a la Consulta Previa de los pueblos indígenas, desconocer la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), contradecir los compromisos ambientales de Perú e Impactar en el cambio climático.
La organización indígena nacional AIDESEP ha participado en una acción legal para exigir el archivamiento definitivo de la modificatoria.
