Por Pilar Anco
En el contexto de las recientes elecciones en el Perú, se ha vuelto a evidenciar la persistencia del racismo en el país. En las últimas semanas, han circulado expresiones que deslegitiman a algunos sectores de la ciudadanía, cuestionando su capacidad de decidir y el valor de su participación en la democracia. Estos discursos reflejan prácticas discriminatorias que vulneran la dignidad de las personas y afectan los principios de igualdad y respeto que deben sostener cualquier proceso democrático.
En algunos casos, estos discursos han trascendido el ámbito de la opinión y han motivado acciones legales. Uno de los más recientes es el de los creadores de contenido Diego Pita y Christopher Puente, quienes a través de sus redes difundieron comentarios racistas que tuvieron amplia circulación en plataformas digitales.
La Fiscalía informó que ambos están siendo investigados por el “delito de discriminación en agravio de la población indígena”, a raíz de comentarios realizados durante transmisiones en vivo. Por ello, se iniciaron investigaciones preliminares. En esa misma línea, el 16 de abril, la Municipalidad del Cusco presentó una denuncia penal contra Christopher Puente, conocido como “Cristorata”, por expresiones racistas, y lo declaró persona no grata, evidenciando una creciente respuesta institucional frente a este tipo de hechos.
Estos casos han cobrado notoriedad por tratarse de figuras con presencia en redes sociales; sin embargo, no son los únicos. Durante las últimas semanas, se han registrado múltiples expresiones similares en distintos espacios digitales, donde diversas personas han emitido comentarios discriminatorios amparándose en la idea de que se trata de opiniones.
En ese contexto, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advierte que no se trata únicamente de expresiones aisladas, sino de una problemática estructural. “Estamos frente a una escalada peligrosa de racismo y clasismo. Llamar “cholos”, “serranos” o decir que no saben votar no es libertad de expresión. Esto es discriminación y es un delito que vulnera la dignidad de millones de peruanos y peruanas”, señaló.
Asimismo, remarcó que este tipo de discursos reproduce desigualdades históricas: “No es casualidad que exista rechazo en muchas regiones del interior del país. Este no nace de la ignorancia, sino de décadas de abandono del Estado y de sentirse excluidos por las instituciones”. En ese sentido, subrayó que en una democracia “pensar distinto no puede ser motivo de deslegitimación ni de pérdida de derechos”.
Pero ¿qué establece la ley peruana sobre la discriminación?
En el Perú, el artículo 323 del Código Penal sanciona los actos de discriminación y la incitación a la discriminación por motivos de origen, raza, idioma, religión o condición social, entre otros. Este delito se configura cuando una persona realiza actos o emite expresiones que excluyen, restringen o afectan a otra persona o grupo, limitando el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.
En términos prácticos, esto significa que no solo se castigan acciones concretas de exclusión, sino también expresiones que, al difundirse, refuerzan prejuicios y afectan la dignidad de las personas. Las sanciones pueden incluir penas de entre dos y tres años de prisión, además de multa e inhabilitación, según las circunstancias del caso.
Estos hechos no son aislados. En septiembre del año pasado, un caso ocurrido en el servicio de transporte Metropolitano, donde una persona profirió insultos racistas como “serranos” y “alpacas”, evidenció que este tipo de expresiones también pueden configurar el delito de discriminación en espacios públicos. A raíz de ello, la Fiscalía inició una investigación preliminar por el presunto delito de discriminación. Posteriormente, la persona involucrada fue separada de su espacio de trabajo, donde conducía el podcast “Hinchas al Aire”, en medio de cuestionamientos generados por su actuar.
A estos hechos se suman antecedentes en los que el sistema de justicia ha comenzado a sancionar el racismo como delito. La primera sentencia por discriminación racial, emitida en 2015 por la Corte Superior de Justicia de Junín, marcó un precedente en su aplicación. A ello se suma una reciente condena por agresión racista en la región San Martín, destacada por el Ministerio de Cultura, que refleja una mayor respuesta institucional frente a estas conductas.
Así, el reconocimiento del racismo como delito en el Perú evidencia que no se trata únicamente de un problema social o cultural, sino de una vulneración de derechos que puede ser sancionada. En un contexto en el que estos discursos continúan presentes, el reto sigue siendo garantizar su identificación y tratamiento dentro del marco legal.
Esta nota ha sido publicada en el marco del Programa de Voluntariado en Periodismo Escrito de Contranoticia.
