Por Graciela Tiburcio Loayza

Camila recuerda con claridad el día en que se enteró de que sus amigas de la infancia eran madres. En ese entonces, de 14 años, viajó de su casa en Lima hasta Tarapoto, la región de la Amazonía peruana donde vivió algunos años, para visitar a su abuela materna. Al llegar, fue testigo de los comentarios crueles y miradas de juicio que los vecinos dirigían contra sus amigas de tan solo 13 y 15 años, la menor de ellas estaba embarazada por segunda vez.

“Cuando éramos niñas, hablábamos de lo que queríamos hacer cuando termináramos el colegio. Una de ellas quería ser enfermera, pero salieron embarazadas. Las vecinas decían que ahora ya no iban a ir al colegio, que sus papás las habían botado de la casa y por eso debían vivir con sus parejas”, narra Camila. “Mi abuela me advirtió que no me tenía que ver o hablar con ningún chico porque sino iba a salir embarazada. Tuve miedo de ya no poder estudiar ni hacer nada”.

En Perú, cada año se registran más de 40 mil partos de adolescentes entre los 15 y 19 años. El Ministerio de Educación señala que el embarazo adolescente está entre las tres primeras causas de deserción escolar. Los proyectos de vida de miles de adolescentes, especialmente de las más pobres, parecen estar destinados a truncarse por embarazos no planificados, como le estaba sucediendo a las amigas de la infancia de Camila. 

A ninguna de ellas le habían hablado nunca sobre cómo prevenir un embarazo. Fue por eso que, para Camila, ver lo que estaba pasando con sus amigas de la infancia marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, comenzó a cuestionar lo que nunca le habían enseñado en el aula o en casa: la prevención del embarazo adolescente, cómo estaba relacionado con la violencia de género y cuáles eran sus derechos sexuales y reproductivos. 

Hoy, Camila es una voz destacada en el activismo a favor de la educación sexual integral (ESI) en Perú, en un contexto político que amenaza con limitarla aún más. Junto a su colectivo estudiantil ‘Activemos por la Igualdad’, respaldado por la organización feminista Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (CMP Flora Tristán), ha participado en espacios de concertación ciudadana y política para exigir que las voces de las adolescencias no sean ignoradas en la toma de decisiones sobre cuestiones relacionadas a la educación sexual integral (ESI), herramienta educativa necesaria para prevenir el embarazo adolescente y la violencia de género.

El peligro de las leyes que limitan la educación sexual integral

En los últimos años, el Congreso peruano ha impulsado normativas y proyectos de ley que ponen en peligro la implementación de la educación sexual integral en los colegios. Bajo argumentos que promueven la «calidad educativa» o la «participación de las familias», estas iniciativas han introducido restricciones que debilitan el acceso a una formación integral en sexualidad, afectando a miles de estudiantes en todo el país.

Un ejemplo es la Ley N° 31498, promulgada en 2022, que regula la calidad de los materiales y recursos educativos. Aunque no menciona explícitamente la ESI, esta ley incluye términos como «ideología social o política», que han sido utilizados por los grupos antiderechos para desacreditar y cuestionar el enfoque de género y la educación sexual integral. Este término ambiguo asocia de manera errónea estos contenidos con una supuesta agenda ideológica, ignorando que la ESI está respaldada por evidencia científica y busca promover el respeto, la igualdad y la prevención de la violencia.

Al legitimar este discurso, la ley abre un camino para que se censuren materiales educativos fundamentales, poniendo en riesgo la formación de las y los estudiantes y limitando su acceso a herramientas críticas para tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su vida. Además, la ley exige la «participación de los padres» en la elaboración de materiales educativos, lo que, aunque en teoría parece un paso inclusivo, en la práctica puede derivar en censura basada en convicciones morales o religiosas. Esto pone en riesgo la creación de contenidos integrales y científicos, al priorizar opiniones subjetivas sobre el derecho de las y los estudiantes a recibir una educación libre de prejuicios.

La plataforma ‘Educación sin Retrocesos’, una coalición conformada por 34 organizaciones de derechos humanos, advierte que “constituye un atentado contra el derecho fundamental de la niñez y adolescencia a una educación de calidad basada en el ejercicio de los derechos humanos (…) abre la posibilidad a que organizaciones con postulados religiosos, muchas de ellas asociadas a partidos políticos, sean las que decidan lo que deben aprender miles de niñas, niños y adolescentes de  escuelas públicas en temas de ciudadanía, ciencias, historia, y educación sexual integral, entre otros de importancia desarrollados en distintas áreas curriculares”.

Otra iniciativa que ha generado alarma es el Proyecto de Ley 7579/2023-CR, el cual actualmente se encuentra a la espera de ser debatido en el pleno del Congreso. Al igual que la Ley N° 31498, esta iniciativa legislativa busca que los padres puedan “exonerar a sus hijos de las clases de las áreas curriculares que enfaticen la enseñanza de la educación sexual integral, por motivos de conciencia, creencia o convicciones religiosas”, vulnerando el derecho de las infancias y adolescencias a recibir información necesaria para su desarrollo.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha advertido que permitir que los padres eximan a sus hijos de contenidos como la educación sexual integral podría instaurar “un derecho de veto” que contraviene las obligaciones del Estado de garantizar una formación educativa basada en derechos humanos. Este tipo de medidas, señala, “impactaría negativamente en el proceso de elaboración de los materiales educativos” y, en consecuencia, en el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación integral.

Por otra parte, el Proyecto de Ley 9174/2024-CR, presentado en octubre de 2024, constituye un intento aún más directo de atacar la ESI. Esta propuesta busca reemplazar la denominación «Educación Sexual Integral» por «Educación Sexual Científica, Biológica y Ética». Este cambio no es solo simbólico; al destacar únicamente los aspectos científicos y biológicos, excluye dimensiones fundamentales de la ESI, como la afectividad, la prevención de la violencia de género, la diversidad sexual y los derechos reproductivos. 

Además, refuerza la idea errónea de que la educación sexual integral promueve ideologías o valores subjetivos, cuando en realidad está basada en evidencia científica y busca garantizar el derecho a una formación integral. Cambiar su nombre no solo desvirtúa el objetivo de la ESI, sino que perpetúa estigmas que son utilizados por grupos opositores a la ESI para desacreditarla y limitar su implementación.

Para Ayesha Dávila, presidenta de CrESIendo, los diversos intentos del Congreso por querer eliminar la educación sexual integral evidencian un profundo desconocimiento sobre la importancia e implementación de la ESI. “Se está dejando de lado el interés superior de niñas y niños. El Estado debe priorizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes muy por encima de creencias religiosas o morales que no tienen ni razón ni fundamento científico y que vulneran derechos humanos”, señala Dávila.

La fuerza de las jóvenes activistas

Frente a este contexto adverso, Camila es una de las adolescentes que ha decidido no quedarse de brazos cruzados. Durante mucho tiempo, en la escuela pública de Lima donde estudiaba, sus profesores la catalogaron como una «estudiante problema», simplemente porque no se quedaba callada cuando algo le parecía injusto, como, por ejemplo, al expresar su desacuerdo cuando algún docente o compañero se expresaba de manera negativa de una estudiante embarazada o de un adolescente LGBTIQ+. 

«Me enviaban a convivencia -aula de apoyo psicológico- por dar mi opinión», recuerda. Esta etiqueta llegó a pesar tanto que incluso ella comenzó a creérsela, hasta que, en 2018, conoció a Ana Rosa, de 16 años, una alumna de su colegio que era parte del colectivo estudiantil ‘Somos Líderes’ con el cual estaban revolucionando los salones desde el 2015.

Con el apoyo de algunas maestras, ‘Somos Líderes’ había logrado dar charlas sobre educación sexual integral dentro de su escuela pública que cada año registraba entre 3 y 5 casos de adolescentes embarazadas. El colegio se ubica al este de Lima, capital peruana, anualmente, solo en este distrito se registran entre 700 y 900 partos de adolescentes, según indica la base de datos del Ministerio de Salud. En 2017, la agrupación estudiantil logró, por primera vez, que toda una promoción se gradúe sin ningún caso de embarazo adolescente. Para Camila, conocer a Ana fue un momento decisivo.

«Ana fue mi modelo a seguir, me impulsó a cambiar como persona y a tomar buenas decisiones. Las charlas de Somos Líderes eran los únicos espacios donde podías escuchar directamente sobre educación sexual integral, eran los únicos espacios en los que yo sentía en el que podía hablar, en el que podía expresarme y que no me iban a juzgar. Eso es algo que me hizo plantearme el poder ser la Camila que va a seguir activando por sus derechos, porque quiero una sociedad donde se pueda vivir libremente sin violencia, donde las adolescentes y las niñas puedan ser partícipes dentro de las decisiones y que sus voces puedan ser escuchadas”, señala Camila con firmeza.

Siguiendo el ejemplo de Ana, en 2022, Camila decidió sumarse al proyecto ‘Activemos por la Igualdad’, impulsado por el CMP Flora Tristán, donde profundizó más sus conocimientos sobre la prevención del embarazo adolescente, la violencia de género, las infecciones de transmisión sexual, el enamoramiento y el derecho a que su voz sea tomada en cuenta. Desde entonces, ella y sus compañeras han podido desarrollar talleres y ferias educativas para que más adolescentes reciban información sobre la ESI. Ese mismo año, participaron en el ‘Festiacción: adolescentes por vidas libres’, un festival realizado por el CMP Flora Tristán en alianza con la Municipalidad de Lima, donde Camila y sus compañeras pudieron informar sobre los derechos sexuales y reproductivos a otras escolares mediante actividades artísticas, lúdicas y educativas.

Su labor como activista adolescente le ha dado la oportunidad de reunirse con diversas parlamentarias en el Congreso para hacerles llegar las demandas de las adolescentes que exigen se garantice su derecho a la educación sexual. En 2023, Camila fue elegida como alcaldesa de su colegio y, desde su cargo, se esforzó por incluir la educación sexual integral en las actividades educativas replicando la experiencia ganada en Activemos por la Igualdad. “Pintamos un mural afuera del colegio con el lema ‘informados prevenimos la violencia’. Estuvimos dos días pintando bajo sol y lluvia para poder saber que, inclusive aún fuera del colegio, íbamos a dejar nuestro granito de arena”, recuerda con entusiasmo.

Sin embargo, su camino no ha sido fácil, en algunos momentos ha tenido que enfrentarse a docentes y directivos escolares que estaban en contra de sus iniciativas. En una ocasión ella y sus compañeros del colegio se organizaron para realizar un plantón simbólico contra la violencia escolar, ya que se habían registrado casos de violencia física entre estudiantes. Alzar su voz de protesta fue un detonante para la plana docente, quienes cuestionaron a Camila y la intimidaron diciéndole que, si no detenía la actividad, la suspenderían de su cargo como alcaldesa. Eran seis docentes reunidos en la dirección escolar contra una adolescente que solo reclamaba que las autoridades del colegio tomen acción inmediata para salvaguardar la seguridad del alumnado.

“Estaba asustada, pero trataba de defender mis ideas. Les decía que debían tomar en cuenta nuestras demandas porque nosotros como estudiantes también queremos ser partícipes de las decisiones que se toman para prevenir la violencia porque queremos el beneficio del colegio. Cuando mis amigos y amigas se enteraron se lo contaron a sus padres y vinieron a reclamar lo que me habían hecho. Me sentí respaldada”, recuerda Camila. A pesar de estas barreras, ella y sus compañeras han continuado realizando actividades como piquetes informativos para concientizar sobre la importancia de denunciar la violencia de género. “Muchas mamás no sabían que existían los Centro de Emergencia Mujer -área especializada para atender casos de violencia contra las mujeres a nivel nacional-, nosotras les entregamos información con folletos en la puerta del colegio”, cuenta orgullosa.

Un futuro en juego

Camila culminó su etapa escolar en 2023. Ahora continúa su defensa de la educación sexual desde la universidad donde estudia Derecho. Mientras ella sigue luchando por las voces adolescentes y jóvenes, el panorama político en Perú parece obstaculizar los avances hacia una educación sexual integral. Sin embargo, su historia, y la de sus compañeras, refleja el poder del activismo adolescente frente a un sistema que insiste en silenciar temas fundamentales. Para ella, la clave está en no rendirse. Camila tiene claro que su camino no será fácil, pero también sabe que no está sola y tiene muy en claro sus convicciones.

“Las adolescentes necesitan que se les hable sobre sexualidad, sobre cómo prevenir una violencia, necesitamos educación sexual integral. Yo que acabo de salir del colegio he visto cómo es la realidad, los congresistas no pisan un colegio desde hace 20 años por lo menos, no conocen la problemática y las decisiones que están tomando afectan nuestros derechos fundamentales como adolescentes”, afirma con total seguridad.

Su historia no solo inspira a otras jóvenes, sino que también desafía a las autoridades a repensar qué tipo de sociedad quieren construir. En un país donde la educación sexual está en juego, la voz de jóvenes como Camila es un recordatorio de que el futuro de toda una generación depende de las decisiones que se tomen hoy.

*Por motivos de seguridad, y para evitar cualquier represalia, los nombres de los centros educativos y la identidad completa de Camila se mantienen en reserva bajo el derecho de protección de fuentes.

Esta historia fue posible gracias al apoyo de la Red de Periodismo en Salud de Internews en el marco de la Beca de Justicia de Género y Salud.