En los andes peruanos, donde las montañas guardan historias de siglos, las manos de agricultoras y agricultores han sido las guardianas silenciosas de un tesoro invaluable: las semillas nativas. De generación en generación, familias campesinas han conservado y mejorado variedades de papa, maíz, quinua y cientos de cultivos que hoy sostienen la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, ese legado está en peligro.
La industrialización del agro, la presión de semillas certificadas y modificadas, y la falta de políticas de protección han puesto en riesgo el sistema tradicional de semillas nativas, aquellas que han sido seleccionadas, cultivadas y protegidas por comunidades durante siglos. Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), la agricultura familiar abastece el 83% de los alimentos que consumimos en Perú, cultivando semillas nativas, pero sin una legislación que las proteja, su permanencia es incierta.

Por ello, una delegación de lideresas y líderes agrarios, articulados en el Grupo Impulsor de Semillas Nativas (GRISEN), ha llevado su lucha hasta el Congreso de la República. Este jueves 3 de abril, presentaron la propuesta legislativa “Ley general del sistema tradicional de semillas nativas en el marco de la conservación y uso sostenible de los recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”, con el respaldo de las congresistas Sigrid Bazán, Silvia Monteza, Silvana Robles, Heidy Juárez y Elizabeth Taipe.
La propuesta, construida en talleres y congresos con especialistas y agricultores de todo el país, busca establecer un marco normativo que garantice la protección de las semillas nativas, salvaguarde los derechos de quienes las cultivan y valore los sistemas tradicionales de producción. “Tenemos más de 3 800 variedades de semillas que son ecológicas, no necesitan agroquímicos. Como no hay protección para estas semillas, se están perdiendo porque el Estado nos pide que cultivemos semillas certificadas”, comenta Isabel De la Cruz, lideresa de Ayacucho e integrante de la Convención Nacional del Agro Peruano – CONVEAGRO.

Jorge Rodríguez, parte del equipo técnico de GRISEN y representante de la organización Fomento de la Vida – FOVIDA, explicó a Contranoticia.pe que “casi la totalidad de familias agricultoras usan semillas nativas porque sus cultivos se producen en las zonas más agrestes y complejas”, condiciones que las llamadas “semillas certificadas” no son capaces de soportar. Para las familias agricultoras, este tipo de semillas representan un riesgo para la biodiversidad y la economía campesina.
A diferencia de las semillas nativas, muchas de estas son híbridas o modificadas, lo que significa que no pueden reproducirse de manera natural en cada cosecha, obligando a las y los agricultores a comprarlas año tras año. Además, requieren el uso de agroquímicos específicos para su cultivo que aumenta los costos de producción y genera dependencia de insumos externos, afectando especialmente a las familias campesinas de bajos recursos.
De acuerdo al informe de Oxfam ‘Agricultura familiar en tiempos de crisis en Perú’, 4 de cada 10 agricultores en el país viven en situación de pobreza. Por lo tanto, no cuentan con los recursos económicos suficientes como para invertir en los insumos, herramientas y materiales que el cultivo de «semillas certificadas» necesita.
Los métodos ancestrales de producción, conservación, intercambio y uso de semillas nativas son base de la seguridad y soberanía alimentaria. A pesar de este rol fundamental, el sistema tradicional de semillas sigue sin reconocimiento legal, lo que lo expone a riesgos como la contaminación genética, la apropiación indebida por parte de empresas y la pérdida de variedades nativas.






