Danna es activista trans, coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros del Perú (ATTTPE), quien lleva más de dos años exigiendo al Poder Judicial el cambio de nombre en su documento de identidad. 

Pese a su solicitud, el juez de primera instancia desestimó su petición con el supuesto argumento de que no se había probado discriminación en su demanda. Sin embargo, este criterio no fue invocado y ella apeló la decisión, pero la Sala Superior no resolvió el tema de fondo, dejándola en un limbo y desprotegida de sus derechos como ciudadana. 

“En la práctica, se me exigió presentar un documento que demostrara que sentía que me estaban discriminando o que había sufrido bullying, lo cual era completamente incoherente y disparatado, porque el cambio era por identidad”, relató al medio Infobae. 

También indicó que durante las audiencias, los magistrados se negaron a llamarla por su nombre social, dirigiéndose a ella en masculino, vulnerando una vez más su derecho a la identidad. 

Ahora su caso ha vuelto a primera instancia y ha pedido otros documentos, costosos e innecesarios, como certificados de homonimia, etc., sin considerar sus condiciones económicas. También ordenó una pericia psicológica a Danna, contraviniendo la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual prohíbe este tipo de pruebas por considerarlas un obstáculo abusivo al reconocimiento de la identidad de género.

El mismo camino de obstáculos también lo enfrenta Tashy, mujer trans de Pucallpa. En su caso, ella pide el cambio de género en su documento de identidad, pero en dos oportunidades su demanda fue rechazada por el juez César Tucto Santamaría del Primer Juzgado Civil de Pucallpa.

Tashy también afronta el mismo argumento de los magistrados que le piden presentar pruebas de discriminación, cuando su demanda tiene que ver con el derecho a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.  

A fines del año pasado, en la segunda denegación, el juez César Tucto alegó -en referencia a Tashy- que “su condición de mujer trans no ha sido probada”, fundamento que contraviene con derechos reconocidos internacionalmente. 

Uno de ellos es la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH, que establece el reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano. El caso de Tashy ha sido apelado, pero existe el riesgo de que la Sala Superior continúe sin resolver la demanda de fondo. 

Estado transfóbico 

No solo la justicia peruana somete a la población trans a procesos que les revictimiza y niega sus derechos, también otros poderes del Estado promueven la transfobia. Hace poco lo hizo el Congreso con la reciente prohibición del acceso a baños públicos de acuerdo a la identidad de género. 

La falta de una Ley de Identidad de Género en el país, que brinde garantías para les demandantes en condiciones dignas y ágiles, sigue siendo una problemática que afecta a les más vulnerables. Por ello, organizaciones de derechos humanos exigen al Poder Judicial el cumplimiento de estándares internacionales y la eliminación de trabas administrativas que son humillantes y costosas.

Para el abogado y presidente de la Asociación “Diversidad y Justicia”, Juan Manuel Castillo, “el derecho a la identidad no debería ser motivo de litigio, sino un reconocimiento automático del Estado. Cada obstáculo que se impone no solo es una barrera legal, sino una vulneración continua de la dignidad de las personas trans», aseguró.