Celia Ramos, mujer piurana del caserío de La Legua-Catacaos, falleció a los 34 años luego de ser sometida a una ligadura de trompas sin consentimiento informado. Cerca de 300 mil mujeres como ella fueron víctimas de una política estatal de esterilizaciones forzadas en Perú entre 1996 y 2000. Este será el primero de los casos en ser atendido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El jueves 22 de mayo a las 10 a.m. se realizará en Guatemala la audiencia pública donde participará la familia de Celia Ramos y su defensa legal, así como representantes del Estado peruano. Cada una de las partes presentará pruebas y alegatos orales durante la audiencia, y tendrá opción de agregar alegatos por escrito posteriormente. La decisión de la Corte IDH podría conocerse luego de un año o más.

Son tres las organizaciones que representan a la familia de Celia Ramos: Demus – Estudio Para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Reproductivos. Ellas son quienes presentarán las pruebas que sustentan la responsabilidad del Estado peruano por la esterilización forzada de la que fue víctima Celia Ramos, por su muerte y finalmente, por la falta de justicia en relación a estos hechos.

«Una de las principales apuestas del caso es que se reconozca que las esterilizaciones forzadas que tuvieron lugar en Perú constituyeron crímenes de lesa humanidad. Hemos trabajado desde el litigio para demostrar cómo una política que se vendía como planificación familiar estuvo lejos de lo que prometía», señala la abogada Lucía Hernández, del Centro de Derechos Reproductivos.

En el papel, el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado en el régimen de Alberto Fujimori, apuntaba a generar decisiones reproductivas responsables y reducir los embarazos no planificados. En la práctica, profesionales de salud a nivel nacional recibieron el mandato de cumplir metas numéricas respecto a ligaduras de trompas y vasectomías. El principal objetivo fueron mujeres pobres que vivían en zonas rurales, muchas de ellas quechuahablantes y sin acceso a educación. Ellas fueron presionadas a someterse a intervenciones quirúrgicas a través de desinformación, oferta de alimentos e incluso amenazas.

«La implementación de esta política tuvo un carácter eminente discriminatorio. Estuvo basado en cuotas específicas y eso hacía que no se respetara la autonomía reproductiva de las mujeres, sino que se les presionara para poder cumplir con esas cuotas», apunta Gisela León, abogada del CEJIL.