En el 2014, cuatro líderes asháninka de Alto Tamaya-Saweto fueron asesinados en por denunciar tala y tráfico ilegal de madera en su comunidad nativa en Ucayali, cerca a la frontera con Brasil.
Después de 11 años del crimen, este lunes 25 de agosto se confirmó en segunda instancia la condena por las muertes de Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez.
José Estrada Huayta y Hugo Soria Flores (presuntos autores mediatos), y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Felix deberán cumplir 28 años y 3 meses de prisión, y pagar S/ 400 mil de reparación civil (S/ 100 mil por cada víctima).
Se trata de una sentencia emblemática por ser la primera condena relacionada al asesinato de un defensor indígena. Así, el caso Saweto serviría de precedente para casos similares.
Entre 2019 y 2024, se ha registrado el asesinato de 57 defensores ambientales en Perú. Del total de estos crímenes, 44 ocurrieron en regiones amazónicas. En Ucayali se reportaron 226 defensores y defensoras indígenas en situación de riesgo entre 2010 y 2024.
“Indicaban que iban a agarrarle, que era un soplón, un bocón (…) Salieron a agarrarle cuando él [Chota] estaba marcando un teléfono. Entonces le han ahorcado, le han golpeado (…) Le dijeron (a Chota) que lo iban a matar donde sea, aunque sea en su propia casa, que no iba a escapar, que los tenía hartos porque denunciaba lo que defendía: el bosque, la naturaleza”
Declaración de testigo protegido sobre muerte de Edwin Chota
Desde 2008, Edwin Chota venía impulsando la titulación de casi 80 mil hectáreas para su comunidad. Lamentablemente, la titulación de Alto Tamaya-Saweto llegó después de su muerte.
La reciente sentencia es un primer paso para la justicia para defensores indígenas. Sin embargo, aún hacen falta medidas concretas para garantizar su protección.
