Las masivas protestas del sábado 20 y domingo 21 de septiembre en Lima, convocadas en rechazo a la reforma de pensiones y en contra del Congreso y el régimen de Dina Boluarte, fueron brutalmente reprimidas por la Policía Nacional del Perú. La respuesta de las autoridades, lejos de garantizar el derecho a la manifestación, derivó en una serie de abusos que dejaron 85 víctimas de agresión entre los que se encuentran civiles y periodistas, según el recuento realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
De acuerdo a la CNDDHH, durante las movilizaciones ciudadanas se registraron 53 casos de inutilización de equipos, incluidos los 50 bloqueos de línea a activistas y jóvenes que convocaron a las marchas, 19 agresiones físicas, incluyendo disparos de balas de goma, así como 11 detenciones y controles de identidad abusivos. Cuatro ciudadanos aún se encuentran detenidos en diferentes dependencias policiales del Centro de Lima.
Las movilizaciones, que se iniciaron en la Plaza San Martín, se encontraron con un despliegue policial desproporcionado. Cientos de efectivos en formación de batallones que se encargaron de impedir la protesta, en un marcado contraste con la ausencia de presencia policial en la persecución de bandas criminales.
Los bloques ciudadanos, liderados por agrupaciones juveniles, fueron acorralados por la policía, que cerró las salidas de la plaza para luego lanzar indiscriminadamente perdigones y bombas lacrimógenas. La violencia policial fue tanta que incluso se registró a efectivos policiales entrando a un centro comercial persiguiendo a jóvenes que intentaban ponerse a salvo.
Violencia policial contra la prensa
La policía no respetó a civiles ni a quienes documentaban los hechos. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha denunciado que al menos 18 trabajadores de prensa fueron agredidos durante las movilizaciones, 16 de ellos por la policía. A esta cifra se suman dos fotoperiodistas que colaboran con Contranoticia, José Rubio y Cristhian Ortiz, quienes fueron golpeados y empujados por efectivos policiales durante la cobertura que estaban realizando para nuestro medio el domingo 21.
El reporte de la ANP da cuenta de 5 casos de periodistas heridos por perdigones, 9 víctimas de agresión física, 3 casos de hostigamiento y 1 caso de desactivación de teléfonos. La Federación Internacional de Periodistas ha denunciado estos ataques policiales como un «atentado contra la libertad de prensa, el derecho a la información y al trabajo periodístico».
Además, colectivos ciudadanos reportaron el impedimento a la labor de las brigadas médicas que brindaban primeros auxilios, así como el cierre arbitrario de vías y espacios públicos. Estas acciones, sumadas al uso indiscriminado de la fuerza, afectaron no solo a quienes participaban en las manifestaciones sino también a cualquier ciudadana y ciudadano que se encontrara en la zona.
Mientras tanto, la Policía ha optado por una narrativa de victimización a través de sus redes sociales, publicando comunicados que destacan a sus «efectivos heridos» y omitiendo por completo los abusos contra la ciudadanía. A pesar de sus reiterados intentos por difundir temor entre la población, la ciudadanía ha convocado nuevas jornadas de protesta para el 27 y 28 de septiembre.
