Por Graciela Tiburcio Loayza
En el Perú, las niñas menores de 14 años son obligadas a continuar con embarazos producto de violaciones sexuales al no garantizarles acceso al aborto terapéutico. Del total de niñas obligadas a continuar con embarazos originados por violencia sexual, 66 tenían menos de 10 años. Lima (2,119), Loreto (1,779) y Ucayali (1,356) son las regiones con mayor número de niñas que han tenido partos por violación desde 2014, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud.
Todos los embarazos en niñas son de alto riesgo. Ellas tienen 4 veces más probabilidades de morir o sufrir convulsiones (eclampsia), infección uterina u otras complicaciones de salud durante la gestación y el parto. En los últimos diez años, se han registrado 28 muertes de niñas embarazadas con edades de 10 a 14 años. Y 457 muertes de adolescentes embarazadas entre los 15 y 19 años.
El 49% de estas muertes fueron por complicaciones de salud relacionadas directamente con el embarazo, como hemorragia y trastornos hipertensivos. Aunque muchas logran sobrevivir al parto, ser forzadas a continuar con un embarazo que nunca desearon impacta gravemente en su salud mental, emocional y social.
Depresión, estrés postraumático, ideas suicidas, rechazo a su propio cuerpo, trastornos de personalidad y conducta alimentaria e, incluso, alcoholismo, son algunas secuelas que deja la violencia sexual en las niñas, y que se ve agravado con un embarazo forzado. Todo esto impide que puedan continuar con sus proyectos de vida y que encuentren oportunidades de desarrollo (salud social).
Para resguardar su salud y salvar sus vidas, ellas debieron acceder al aborto terapéutico, que es legal desde hace cien años y cuyo protocolo de aplicación fue aprobado por el Ministerio de Salud en 2014. Sin embargo, desde que se aprobó el protocolo hasta el 2023, solo 2 877 niñas accedieron a este procedimiento médico.
Al respecto, Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, sostiene que “a pesar de que el aborto terapéutico está considerado hace 100 años en el marco legal, no es reconocido dentro de los establecimientos de salud porque el personal médico no ha sido capacitado o porque cree que es ilegal y que si lo reportan los van a perseguir, por prejuicio o desinformación. Esto tiene consecuencias bastantes graves porque las niñas, que están en mayor situación de indefensión, son obligadas a continuar con embarazos. Las autoridades deberían estar en condiciones de defender los derechos de las niñas y exigir la protección de su salud. Las niñas son víctimas de un Estado que debería protegerlas”.
En 2021, la Defensoría del Pueblo alertó que el 63% de centros de salud públicos no saben que existe el Protocolo de aborto terapéutico. Y que, de 109 centros de salud supervisados, el 20% rechazó solicitudes de aborto terapéutico para niñas sin justificar las razones de su negación. El desconocimiento del protocolo, la falta de capacitación para implementarlo, y el estigma, son algunas de las principales barreras que impiden que las mujeres y niñas ejerzan su derecho de acceder al aborto terapéutico para proteger su salud.
Para las Naciones Unidas, forzar a una menor a continuar con un embarazo es equivalente a un acto de tortura o crueldad. Por eso, la ONU ha condenado a Perú en dos ocasiones por negarle el aborto terapéutico a ‘Camila’ y ‘L.C.’, niñas de 13 años que quedaron embarazadas por violación y fueron obligadas a continuar con la gestación.
A pesar de ello, en Perú, cada año, miles de niñas son torturadas y forzadas a continuar con embarazos no deseados producto de violencia sexual, bajo la mirada indiferente de las autoridades. ¿Hasta cuándo el Estado seguirá permitiendo que se vulneren los derechos de las niñas?
